El delito de desobediencia a la autoridad se produce cuando una persona de forma consciente e intencionada, se niega a obedecer el mandato u orden de la autoridad.

Sobre David San Eloy

David San Eloy , abogado colegiado 129355 del Colegio de abogados de Madrid cuenta con más de 10 años de experiencia como letrado en activo actualmente para la firma:
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También se considera delito de desobediencia el no acatamiento de órdenes de un superior jerárquico. Este delito está contemplado en el artículo 556.1 del Código Penal, y forma parte de los delitos contra el Orden Público.

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¿Cuándo existe el delito de desobediencia a los agentes de la autoridad?

  1. El sujeto pasivo sea la autoridad o agente de policía en el ejercicio de sus funciones, esto es, la persona desobedecida sea Policía Nacional, Guardia Civil o cualquier autoridad.
  2. Orden directa y terminante, de tal autoridad o de sus agentes, dictada con las formalidades legales obligándole a hacer o dejar de hacer algo. No es necesaria la advertencia de que su incumplimiento es delito.
  3. Notificación a la persona que debe cumplirla. El destinatario de la orden debe estar en conocimiento de que debe cumplirla. Si el supuesto infractor no conoce la orden, no existe delito penal.
  4. Negativa a acatar la orden y cumplirla. La negativa puede expresarse explícitamente o solamente ignorarse, pero debe haber una expresa negativa a cumplirla.
  5. Elemento de Gravedad en la desobediencia. La gravedad en el acto de desobediencia es una condición que determinará la sanción penal, pudiendo ser esta grave o leve.

¿Cuáles son las sanciones penales por el delito de desobediencia a la autoridad?

Del artículo 556 del Código Penal se desprende una diferencia entre la desobediencia grave y la desobediencia leve y que debemos analizar por la diferencia en la pena de cada una de ellas.

Desobediencia grave a la autoridad

El apartado primero del artículo que viene a regular este delito nos indica:

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Serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses, los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

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Queda claro que no es necesario que exista agresión para que se cometa delito de desobediencia. Basta la oposición intencional a obedecer el mandato de la autoridad.

La desobediencia debe ser grave, y además que dicha desobediencia se produzca frente a un mandato claro y expreso de un agente de la autoridad. Es importante señalar que, esta actitud ha de ser consciente, precisa y clara para ser una acción punible de este delito.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo en su Sentencia 459/2019, de 19 de octubre establece lo siguiente:

“En efecto, es entendible que en aquellas ocasiones en las que el delito de desobediencia se imputa a un particular (cfr. arts. 556, 348.4.c, 616 quáter CP), el carácter personal del requerimiento adquiera una relevancia singular. Solo así se evita el sinsentido de que un ciudadano sea condenado penalmente por el simple hecho de desatender el mandato abstracto ínsito en una norma imperativa. De ahí que el juicio de subsunción exija que se constate el desprecio a una orden personalmente notificada, con el consiguiente apercibimiento legal que advierta de las consecuencias del incumplimiento”.

Desobediencia leve

En el inciso 2 del mismo artículo, se menciona la desobediencia leve. Recordemos que antes de la gran reforma del Código Penal, este delito leve de desobediencia lo encontrábamos como falta en el artículo 634 CP.

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“Los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad, en el ejercicio de sus funciones, serán castigados con la pena de multa de uno a tres meses”.

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Estas consideraciones establecidas en el Código Penal han sido reconocidas en la práctica por la jurisprudencia, en sentencias varias del Tribunal Supremo.

Es de destacar que, para que la conducta sea susceptible de considerarse como el delito previsto en el apartado 1 del artículo 556, debe tratarse de una desobediencia clara, manifiesta y grave, a través de la cual se muestre un ostensible rechazo al cumplimiento de la orden o requerimiento efectuados por la autoridad competente.

En cuanto a las desobediencias menos graves, recogidas en el artículo 556.2 del Código Penal, es importante aclarar que también están tipificadas como delito, aunque la sanción penal asociada a ellas sea más leve, puesto que se trata de una pena de multa de 1 a 3 meses, es decir, desde 60 hasta 36.000 euros. Todo ello ha sido reconocido también por el Tribunal Supremo en su jurisprudencia, destacando, las sentencias 193/2017, de 24 de marzo, y 45/2016, de 3 de febrero.

Sanción administrativa de desobediencia a la autoridad

Recordemos que no solo el Código Penal castiga la desobediencia grave, sino que nos encontramos como sanción grave administrativa en el artículo 36.6 de LO Seguridad Ciudadana (LOSC): “la desobediencia o la resistencia a la autoridad y sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”.

Pero también las sanciones administrativas por desobediencia leve nos las encontramos en el artículo 37.4 de LOSC: “las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean conductas de infracción penal”.

Por lo que entre la sanción administrativa y la desobediencia leve regulada en el Código Penal las diferencias son escasas.

La gravedad de la desobediencia a la autoridad determina si se considera un delito

Establece la Sentencia del Tribunal Supremo 300/2023 de 26 abril respecto al delito de desobediencia que:

“En concreto en lo que a la resistencia se refiere, siguen incorporados al artículo 556.1 CP los supuestos de resistencia pasiva grave y los de resistencia activa que no alcancen tal intensidad (del 550 CP). En el mismo sentido SSTS 44/2016 de febrero, 899/2016 de 30. 11, 141/2017 de 7 de marzo, 338/2017 de 11 mayo, 652/2017 de 4 de octubre”

La Sentencia del Tribunal Supremo 801/2022 de 5 octubre nos recordaba respecto al delito de desobediencia que:

“… este delito se caracteriza no solo porque la desobediencia adopte en apariencia una forma abierta, terminante y clara, sino también es punible -la que resulta de pasividad reiterada o presentación de dificultades y trabas que en el fondo demuestran su voluntad rebelde-”

Un referente fue la Sentencia del Tribunal Supremo 45/2016 de 3 febrero (Roj: STS 195/2016 – ECLI:ES:TS:2016:195), y la cual ha sentado un antecedente importante en el tratamiento de la desobediencia a la autoridad. En esta resolución judicial el Tribunal indica que no considera delito de desobediencia y absuelve a las acusadas del delito de resistencia a la autoridad:

no se ha apreciado una actuación firme y contumaz de oposición al ejercicio de la labor policial. Aunque los términos empleados parecen referirse más bien a los casos de desobediencia, lo cierto es que ponen de relieve la necesidad de apreciar una cierta gravedad en la conducta para que pueda valorarse como delictiva, pues en la situación legal anterior a la reforma operada en el Código Penal por la LO 1/2015, todavía era posible la condena por una falta contra el orden público en los casos más leves.”

“Esa forma de comportarse, en una situación en la que, desde puntos de vista objetivos, no consta que los agentes incurrieran en un exceso reprobable, es contraria a las normas de convivencia y encuentra su sanción en el artículo 634, en la medida en que la perturbación de la labor policial increpando a los agentes puede ser valorada como una falta de respeto y consideración a los mismos en el ejercicio de sus funciones o, incluso, como una desobediencia leve a sus indicaciones. Pero en el caso no alcanzan la intensidad necesaria para ser considerados constitutivos de delito, en cuanto que la recurrente se limitó a reaccionar contra la acción (…) que no consta que tuviera una especial entidad”.

En la misma línea podemos encontrar la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 1/2020 de 2 de enero, expresa que en el caso de que la desobediencia no sea grave, recibirá el tratamiento de infracción administrativa, y en ningún caso, será constitutiva de delito.

Negarse a acatar la orden de autorizar la entrada al domicilio es un derecho que la ley protege

La inviolabilidad del domicilio está contemplada en el artículo 18.2 de la Constitución Española. De este precepto se desprende que ninguna autoridad o agente podrá ordenar que se le permita entrar a un domicilio cuando no hay una orden judicial específica.

Por lo tanto, si una persona no acata una orden en este sentido, no está cometiendo delito de desobediencia. En los únicos casos en los que un agente del orden puede entrar a un domicilio particular es con consentimiento voluntario del titular, si en ese momento se está cometiendo un delito (delito fragante) o si existe una autorización judicial. En caso de que el titular de la vivienda no acate la orden judicial de permitir el acceso a su domicilio, entonces sí estaría cometiendo delito grave.

David San Eloy Salas. Socio fundador de Soytuabogado/a, abogado especialista en derecho penal y miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (colegiado número 129.355). Graduado en Derecho y Graduado en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid, Máster en Derecho Penal y Turno de Oficio, y curso de especialista en Compliance Penal.